22/6/2009

El fiscal denuncia a 5 familias por el absentismo escolar de sus hijos

1. • Los progenitores se enfrentan a penas de tres a seis meses de cárcel y a la retirada de la patria potestad
2. • En los casos estudiados, los padres han dejado de llevar al colegio a los menores de forma reiterada

Cumplirá 13 años el próximo mes de julio. En los últimos cursos, Ángel ha estado matriculado en un colegio de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat), pero ha faltado mucho a clase. Ahora, sus padres se enfrentan a una acusación de la justicia por ese absentismo escolar. A pesar de que se les advirtió, no hicieron nada para que su hijo fuera a la escuela. Pero su caso no es único. Desde febrero, la fiscalía de Barcelona ha presentado al menos otras cuatro denuncias y tiene abiertos tres asuntos del mismo tipo. La mayoría de los denunciados son españoles de etnia gitana y hay un madre rumana. Algunos padres se justifican diciendo que no pueden controlar a sus hijos .
Los casos de absentismo escolar reiterado que han sido denunciados llegaron a la fiscalía a través de los servicios de atención a la infancia de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat y de los Mossos d’Esquadra, que lo comunican cuando sorprenden varias veces a un menor en la calle en horario escolar y sin compañía de un adulto. La denuncia está avalada por informes de diferente tipología, tanto de índole escolar como social, y por las citaciones reiteradas remitidas a la familia del niño desde diferentes organismos de la Administración y que los padres han obviado. Cuando la policía autonómica pone en conocimiento de la fiscalía un hecho de estas características, este organismo judicial se encarga de recopilar los informes necesarios.

LAS PRUEBAS / En el caso de Ángel, por ejemplo, la documentación ha puesto de manifiesto una grave transgresión de carácter penal de los deberes legales de patria potestad por parte de los padres. La fiscalía sostiene que los progenitores no han cumplido con del derecho a la educación que ostenta el menor, al haberse comprobado el absentismo escolar. Las certificaciones emitidas por el centro donde estaba matriculado revelan que en un curso de 143 días lectivos faltó 133, lo que supone un absentismo del 93%. El porcentaje mínimo en otros años fue del 69% y el máximo, del 83%. Pese a la intervención de los organismos públicos, el absentismo se siguió produciendo con la misma intensidad en el último trimestre del curso 2007-2008. Al entender de la fiscalía, esta situación tiene un claro encaje en el delito de abandono de familia, que está castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con una multa, así como con la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad, tutela y acogimiento familiar por un tiempo que puede ir de cuatro a 10 años.

VELAR POR LOS MENORES / El Código Penal establece que debe ser condenado el que deje de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad. Entre esos deberes, según la fiscalía, están, en su núcleo central, los de educación y formación. Las denuncias presentadas inciden en que el Código Civil, precisamente, refiere como deberes de los padres sobre sus hijos «velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral».
Por su parte, y en igual sentido, el Código de Familia de Catalunya dispone: «En virtud de la potestad, el padre y la madre han de cuidar de los hijos y tienen, en relación con ellos, el deber de convivencia, de alimentación, en el sentido amplio, de educación y de formación».

SU BIENESTAR / El Tribunal Supremo ya aclaró en una sentencia que los deberes de asistencia no son únicamente de contenido alimenticio o económico, sino que engloban todos los deberes legales, incluidos los morales. La fiscalía precisa en sus denuncias que «es evidente que un incumplimiento del deber de procurar la educación y formación del menor por parte de los padres puede y debe tener trascendencia penal». Y agrega que «la educación y escolarización del menor condicionan su bienestar presente y futuro, contribuyen a construir adecuadamente su personalidad y a conformar su identidad, y le permiten desarrollar sus capacidades en la edad adulta». Para que la educación y la formación sea efectiva, sostiene, se requiere el compromiso de los padres.

LYDIA GARRIDO – Valencia – 18/06/2009

“La protección de menores en España no funciona”. Es una de las conclusiones que ayer hicieron públicas los jueces de menores que durante tres días han debatido en Valencia sobre el escenario en el que trabajan. Los magistrados aseguran que las deficiencias en el sistema de protección a menores con problemas “obligan a judicializar conflictos que tendrían que ser resueltos en el ámbito familiar y social”. Por eso, Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reclamó en la clausura de las jornadas medios materiales e implicación real de las administraciones para poder corregir las disfunciones que existen en materia de menores.

Los magistrados recomiendan a los poderes públicos que realicen estudios rigurosos y fiables sobre cuántos menores pasan de protección a reforma, para prevenir que todos ellos se conviertan en delincuentes. Dos cosas, pues, coinciden: la dificultad de detectar y actuar sobre los menores que tienen comportamientos difíciles o algún tipo de trastorno, y ejecutar una protección eficaz que evite que ese mismo comportamiento lleve a los menores a la infracción penal.

A pesar de reconocer que cada año la conflictividad entre menores y con menores es mayor, los jueces rechazan la rebaja de la edad penal de los 14 a los 12 años. Sería, aseguran en las conclusiones, “reconocer el fracaso educativo, social y familiar del sistema español”.

La prevención es la reclamación más reiterada. Los jueces consideran que es la clave para superar situaciones que están dificultando seriamente la elaboración de diagnósticos acertados y el diseño de políticas adecuadas. Los jueces, tal como señaló Bravo, piden que se favorezcan la mediación y la conciliación como propuestas de futuro para superar conflictos, especialmente los de maltrato familiar, y evitar una penalización mayor al menor.

Hay problemas con la ejecución de las sentencias, de las medidas que se imponen a menores infractores. Y los jueces de menores reunidos en Valencia, tal como trasladó ayer Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, quieren una “mayor implicación de las entidades públicas”. Más aún, reclaman “celeridad en el proceso con la finalidad de que el menor reciba respuesta inmediata a su conducta infractora”.

Los jueces reunidos en Valencia han repasado durante tres días las distintas áreas de conflicto en las que se ven habitualmente implicados menores. Internet ha sido objeto de uno de los debates más intensos. Los magistrados consideran urgente que se acabe con la “impunidad en caso de los delitos cometidos por menores utilizando como medio la Red”. Y, además, “la regulación de las responsabilidades civiles derivadas”. Una de las recomendaciones es la de “establecer la obligación de constituir una representación legal de los operadores de Internet en el territorio español”. Al mismo tiempo, sugieren la conveniencia de “establecer mecanismos para evitar el uso o acceso indebido de menores a la Red”, a través de filtros que garanticen “la autenticidad de los datos que se introducen en la página web”.

La violencia en la escuela ha sido otro de los problemas sobre los que han reflexionado los magistrados. Entienden, tal como consta en las conclusiones, que “es responsabilidad de los poderes públicos incentivar todas aquellas medidas que promuevan la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y en valores”. Consideran importante que los menores sepan de la legislación penal que les atañe para prevenir “actitudes violentas y fomentar conductas prosociales”. Afirman los magistrados que es determinante “la adopción de políticas preventivas en materia de acoso escolar para evitar que el Estado social se convierta en Estado policial, apostando por políticas públicas con componentes fundamentalmente preventivos, debiendo ser la respuesta punitiva siembre subsidiaria”.

Los técnicos creen que es también urgente que haya un único expediente sobre un menor, un único abogado, una unificación en los procesos que permita conocer todo aquello en lo que el menor es protagonista. Y lo es también que la Administración penitenciaria se dote de los medios para que los jóvenes sometidos a medidas de larga duración las cumplan con la finalidad reeducativa que indica la Ley del Menor.

Por último, los magistrados piden una adecuada cobertura de la salud mental de menores y jóvenes, así como la coordinación entre Sanidad y Justicia para afrontar situaciones dramáticas que hoy no tienen respuesta.

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Col•lectiu DRARI دراري d’Investigació Acció Participativa pels Drets de l’Infant
الجماعى DRARI دراري للبحوث التشاركيه العمل من اجل حقوق الطفل
Colectivo DRARI دراري de Investigación Acción Participativa por los Derechos del Niño
DRARI دراري Haurren Eskubideen Aldeko Ikerketa Ekintza Partaidetza Kolektiboa
Collectif DRARI دراري de Recherche et d’Action Participative pour les Droits de l’Enfant
Collective DRARI دراري of Participative Investigation Action by the Rights of the Child
General: DRARI.Col.lectiu.IAP.Drets.Infant@gmail.com
Juristes i casos de menors.Juristas y casos de menores: DRARI.Jurista@gmail.com
http://www.DRARI-Col-lectiu-IAP-Drets-Infant.blogspot.com
http://www.DRARI-Col-lectiu-JURISTA-Drets-Infant.blogspot.com
XARXA-RED-SAREA-XABACA : http://www.menoressolos.blogspot.com
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CONCIERTO EN CARCEL MENORES JAUME I DE VALENCIA

La denuncia viene de la asociación Azahra de marroquíes en Asturias, que asegura que la falta de recursos por parte de la Consejería de Bienestar Social coloca a algunos de estos jóvenes en una situación en la que “el mal menor es salir a la calle a pedir, aunque sea una vergüenza”. La asociación ha detectado al menos doce personas que, tras haber alcanzado la mayoría de edad, viven de okupas ( sin techo) en edificios abandonados y no tienen su documentación en regla, al carecer del empleo necesario para renovar su permiso.

¿Por qué se produce esta situación? Para Mohamed Smaili, portavoz de Azahra, apunta que los menores acogidos “cuando llegan a los 18 años se dan cuenta de que no hicieron nada y quedan en la calle”. Según critica, desde la Administración pública no se propician lo suficiente los programas de socialización e integración que eviten que estos jóvenes solo se relacionen (SOLO) con personas de su misma nacionalidad. “Hay varios que solo aprenden a juntarse con otros iguales. Eso genera guetos”.

Según denuncia la asociación Azahra, el Principado limitó recientemente las ayudas a los programas de integración social que se desarrollaban con los menores. El recorte se produjo especialmente, apuntan, a raíz del cambio en el Gobierno autonómico y la entrada de Izquierda Unida en la Consejería de Bienestar Social. “En el teatro de Shakespeare solo hay dos protagonistas, pero la vida real es como el de Chejov y todos somos protagonistas. Todos necesitamos a otros”, concluye Mohamed Smaili para incidir en la necesidad de que las administraciones trabajen de la mano con los colectivos que prestan ayuda a los inmigrantes. Los programas deportivos de Azahra consiguieron, por ejemplo, consiguieron para alguno de los jóvenes su integración en equipos de fútbol.

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